Los concejales del MASS, Ángel Escuredo y Fátima López Placer, han registrado en el Ayuntamiento de Ponferrada 32 alegaciones a la modificación urbanística del sector SUNC-8, sobre la urbanización del entorno del Museo de la Energía.  Aclaran que no se oponen al acuerdo alcanzado entre el consistorio y la CIUDEN, pero que hay cuestiones irregulares y otras manifiestamente mejorables.

Los dos ediles consideran que la modificación puntual realizada en el PGOU beneficia a la ciudad y consigue una nueva ordenación de esta área  logrando una mejor integración urbanística y paisajística de los tipos constructivos residenciales y el propio museo, definiendo claramente los accesos y con reservas para zonas de aparcamiento, pero entienden que en algunos puntos se incumple la normativa urbanística autonómica y en otros casos las propuestas podrían mejorarse. Así afirman que se partía de un entorno al museo “asfixiante”, que se ha modificado de forma favorable, pero no lo suficiente.

            Entre las objeciones apuntadas por el presidente del MASS se encuentra el hecho de que  se mantengan los aprovechamientos residenciales del sector previstos en el Plan urbanístico de 2007 en el que se acotaba el número de viviendas a 428, ahora la cifra se sitúa en 487, es decir se amplía en 59, lo que en opinión de los dos ediles es “un movimiento más de especulación que se realiza en un barrio como Compostilla, en el que salvo en tres casos concretos: viviendas sociales, las de Endesa y una particular, el resto son viviendas unifamiliares de planta y piso, y con la nueva modificación se van a permitir edificios de 4 y 6 alturas destrozando la estructura urbanística del barrio y su uniformidad”.

            Otra de las denuncias formuladas por el MASS es la total omisión que dicha modificación hace del Camino de Santiago que atraviesa el barrio. “La ley dice que hay que potenciar el patrimonio existente pero este equipo de gobierno no lo hace. La última señalización que aprobó el ayuntamiento y pagó la Junta de Castilla y León fue en el año 2004. Lo que valía tradicionalmente y hasta hace pocos años ya no vale porque  entonces ya no se podría especular”, afirmaron.

Entre la treintena de alegaciones también se echa a faltar que se refleje en el Estudio Económico de la Modificación las cuantías de las inversiones previstas, y el acuerdo alcanzado entre las partes, así como el impacto de las actuaciones consideradas en las Haciendas Públicas afectadas.  “Es necesario que se fijen plazos puesto que si en las próximas elecciones se produce un cambio de gobierno puede que los próximos responsables no consideren prioritario la inversión en el entorno del museo, máxime con las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país”, explican.

Otra de las alegaciones versa sobre el incumplimiento de la normativa urbanística autonómica al aplicarse la ordenanza municipal de espacios libres que permite kioscos y restaurantes en estos espacios, cuando la reglamentación autonómica lo prohíbe expresamente.